Pedido de Audiencia de interés General a la CIDH

Junto al Dr. Juan Carlos Vega, presentamos una solicitud de audiencia de interés general ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar el impacto que tiene la Corrupción en la vigencia efectiva de los Derechos Humanos consagrados y operativos por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Lo hicimos junto a un grupo de destacadas personas y a diversas organizaciones civiles: Servicio Argentino de Derechos Humanos, Asociación Civil Bajo la Lupa, Cátedra Libre "La Corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos", Dr. Gastón O’Donnell (Rector de la UCES), Dr. Daniel Zovatto (Director Regional de IDEA para América Latina), Dr. Ricardo Alfonsín (Diputado Nacional MC y Ex Candidato a Presidente de la Nación), Dr. Gerardo Conte Grand (Diputado Nacional MC), Dra. Griselda Baldata (Diputada Nacional MC), Dr. Carlos Comi (Diputado Nacional MC), Dr. Omar Duclós (Diputado Nacional MC), Dr. Esteban Miguel Llamosas (ex convencioanl constituyente argentino), Dr. Sergio Abrevaya (Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Dr. Diego Armesto (Profesor de la Universidad de Palermo, Universidad de Buenos Aires y Universidad de Córdoba) La Resolución 1/18 de Bogotá de la CIDH ha considerado que “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. Junto a esta Solicitud presentamos una serie de propuestas para lograr eficacia en la lucha contra la Corrupción: Agravantes punitivos a todos los Delitos contra la Administración Pública del Código Penal Argentino. No aumentos masivos de pena. Agravantes por el nivel de responsabilidad del funcionario y por el daño causado al Estado; Decomiso anticipado de bienes habidos por la Corrupción por orden judicial. Resulta conveniente la inclusión de la figura de la extinción de dominio; Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Puesta en vigencia a través de la implementación y aplicación efectiva de la legislación recientemente sancionada; Modificación de la figura del Funcionario Público para adecuarla a la Convención de Caracas e incluir a los concesionarios de Obras y Servicios Públicos en la figura del Funcionario Público; El procesamiento firme de un Funcionario Público por actos de Corrupción o Lavado de Activos implica su inmediata suspensión de funciones. Sea que se trate de un Funcionario designado o elegido por el voto popular.