REALIZAMOS UN PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA LICITACIÓN DE LA HIDROVÍA Y LOS RECURSOS DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES

La Asociación Civil BAJO LA LUPA que preside la Diputada Margarita Stolbizer presentó sendos pedidos de acceso a la Información Pública según lo dispuesto por la Ley 27.275, ante el Ministerio de Transporte y ante la Dirección Nacional de Vialidad, además de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública.
En el primer caso, se trata de canalizar las dudas que existen sobre el proceso licitatorio para el Dragado y Balizamiento de la vía navegable troncal, originariamente explotada por Hidrovía SA.
El pedido está originado en las suspicacias que se despertaron luego la publicación de una solicitada por parte de una de las empresas descalificadas, que acusaron de “insólito” al dictamen de precalificación emitido por la Administración General de Puertos (AGP), que le impidió participar de la licitación para el Dragado y Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.
Bajo diferentes argumentos una concesión con un plazo de duración de 10 años se prorrogó hasta el mes de abril de 2021, alcanzando 26 años ininterrumpidos de prestación, por una misma empresa, de los servicios de dragado y balizamiento de la principal vía navegable de nuestro país, por donde se transporta el 80% de las exportaciones argentinas.
El actual gobierno nacional fue equívoco en las decisiones tomadas frente a la finalización de la concesión de HIDROVIA SA. Marchas y contramarchas hicieron que el proceso, que se inició en abril del 2021 con la prórroga de 90 días de una concesión ya viciada, se tornara zigzagueante y falto de transparencia para extender la concesión de HIDROVIA SA.
El 11 de febrero la Comisión de Pre-adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA analizó las propuestas de las empresas (que son mencionadas en el pedido de acceso a la información y decidió no calificar a tres de las cuatro oferentes, dejando como única propuesta válida la presentada por la firma Compañía Sudamericana de Dragados SA, la filial local de la firma belga JAN DE NUL.
Preocupa considerablemente que, luego de tantas marchas y contramarchas del Gobierno Nacional en el tema Hidrovía, las licitaciones de las tareas de balizamiento y dragado de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná, queden en manos de las mismas empresas que explotaron la concesión durante casi tres décadas, bajo la inobservancia de gobiernos que decidieron mirar para el costado frente a las irregularidades denunciadas por los organismos de control.
Con respecto al Impuesto a la Transferencia de los combustibles (ITC), el mismo fue creado por Ley con la idea de financiar corredores viales y al poco tiempo comenzó a desvirtuarse.
El ITC se renombró como ICLG (Impuesto a los combustibles líquidos y Gaseosos) para incorporar al GNC. Luego se le agregó una Tasa Vial al Gas Oil y una Tasa Hídrica a las Naftas. La Tasa Vial justamente se agregó para subsidiar a los peajes. El ICLG se convirtió en su momento en "coparticipable" se dejó de utilizar para financiar corredores viales que se financiaban con peajes.

La capacidad de recaudación de este tributo ha sido enorme, tanto como lo ha sido la falta de transparencia en su distribución y asignación, muy marcada por la discrecionalidad. El correlato de ello es el mal estado y mantenimiento de rutas y caminos nacionales pese a los aumentos de los costos de tarifas de peajes.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), reiteraron su malestar y gran preocupación, "por la malversación y desvío de los fondos viales que realiza el Estado Nacional en forma arbitraria e inconsulta, principalmente del Impuesto a los Combustibles".
Genera una recaudación de aproximadamente $ 145.000 millones y no existen rendiciones ni controles sobre la asignación efectiva de esos recursos al destino que las normas le asignan.
Y pese a que la norma establece una finalidad específica para esos fondos, con el tiempo se ha ido desnaturalizando la asignación de éstos de lo que debería ser para pasar a rentas generales o cualquier otra finalidad.
Aun cuando las provincias son las beneficiarias de gran parte de las transferencias de esos fondos, no deja de ser un desvío de recursos que desnaturaliza la creación y existencia del impuesto, afecta la transparencia y aumenta la discrecionalidad por no haber tampoco mecanismos de control y seguimiento sobre el uso para asegurar que el mismo está relacionado con un proyecto de desarrollo y mantenimiento vial a lo largo del territorio nacional.
La Asociación BAJO LA LUPA tiene como sus objetivos prioritarios la promoción de una cultura de transparencia en la gestión pública, y el acceso a la información como herramientas de un buen gobierno que defienda el interés general. Esa es la motivación que tienen los pedidos presentados dentro del alcance de la ley que así lo garantiza.