LA REFORMA DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL ES INCONSTITUCIONAL Y EXPRESA UN ABUSO DE PODER

Teniendo en consideración:
1) Los propósitos de la Asociación, fijados en el artículo 2° del Estatuto y en particular los incisos c) Coadyuvar al fortalecimiento del estado de derecho mediante el cumplimiento de la Constitución Nacional, las leyes y los convenios internacionales; d) Contribuir a un mejor funcionamiento y la eficacia de la administración de Justicia, mediante la división de poderes y la independencia del poder judicial, garantizando el acceso a la justicia; i) Incentivar una cultura de no impunidad de los crímenes de cualquier tipo, a través de la prevención, investigación, denuncia y condena;
2) El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para modificar las leyes 27148, del Ministerio Público Fiscal, y 27149, del Ministerio Público de la Defensa y la media sanción del H.Senado con actual tratamiento en la H.Cámara de Diputados; Manifestamos nuestra preocupación y rechazo por cuanto de prosperar esta iniciativa se estaría produciendo una grave involución institucional y la instalación de una norma que confrontará con la Constitución Nacional y el estado de derecho que ella establece.
La Reforma de 1994 no solo implicó el reconocimiento de los principios del constitucionalismo social, la incorporación de nuevos derechos y garantías, sino que también estuvo orientada a mejorar el funcionamiento de la democracia, fortaleciendo las instituciones y creando otras, como la Auditoría General, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones trascendentes. Se puso énfasis en la división e independencia de los poderes, el control republicano y la creación de un extrapoder en cabeza del Ministerio Público.
El equilibrio y las mayorías calificadas, fueron concebidas como límites para impedir los abusos y el aprovechamiento de mayorías circunstanciales. Al contrario, la Constitución promueve el establecimiento de acuerdos necesarios para tener una democracia fuerte, sólida, estable y claramente al servicio de los intereses sociales.
En ese entendimiento fueron dictadas todas las leyes reglamentarias de las nuevas disposiciones. Y el Congreso fue el escenario apto para esos acuerdos que nos permitieron ir consolidando nuestro sistema de gobierno. Dentro de ellas, primero la Ley 24.946 y luego las Leyes 27148 y 27.149, demostraron los acuerdos políticos de cada época y el funcionamiento responsable de la representación parlamentaria. Tal como lo dispone la Constitución Nacional en su art 120 y las leyes posteriores, el Ministerio Público fue concebido como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, y ubicado en la Sección IV dentro de las Autoridades del gobierno federal, pero por fuera del funcionamiento de los otros poderes. En esa inteligencia las leyes respectivas establecieron las mayorías especiales para la designación de Procurador y Defensor, tanto como para su remoción y de igual modo para la evaluación de los fiscales por parte del Tribunal de Enjuiciamiento.
Por tanto, las modificaciones que se proponen, resultan contrarias a aquel espíritu y devienen inconstitucionales, además de implicar un grave riesgo para el funcionamiento de la Procuración en el cumplimiento de sus funciones primordiales: promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
El aprovechamiento de una posición mayoritaria es un intolerable abuso de poder que transforma en ilegítimo el ejercicio de su legitimidad de origen. Eso es lo que hace hoy el Poder Ejecutivo a través de la representación oficialista de su composición parlamentaria.
Esto es así en cuanto se pretende modificar la composición del Tribunal de Enjuiciamiento para resolver sobre la eventual remoción de los fiscales, quebrando el equilibrio para apropiarse de su manejo con el riesgo de tornarlo arbitrario y discrecional.
De igual modo, la nueva composición y atribuciones con las que pretende dotar a la Comisión Bicameral afectan de manera brutal el principio de independencia que debe tener el Ministerio Público.
No menos grave es la intención de modificar el mecanismo de designación del Procurador abandonando la exigencia de dos tercios de los miembros del Senado para pasar a una mayoría absoluta de su composición, quedando entonces a merced de la voluntad exclusiva de un bloque político. La posibilidad de su remoción a través del impulso de solo una mayoría absoluta de la Cámara de Diputados incluyendo su suspensión, lesiona el principio de autonomía de la institución.
En conclusión: Argentina atraviesa severas dificultades de alto impacto social que imponen a sus cuadros dirigentes la construcción de los consensos necesarios para encontrar las mejores respuestas y soluciones. No puede el Poder Ejecutivo hacer un aprovechamiento de su posición de representación mayoritaria en el Congreso de la Nación para violentar los principios de legalidad y constitucionalidad que debe primar en el funcionamiento de las instituciones. Solicitamos la suspensión del tratamiento del Proyecto/Dictamen 0128-S-2020 y se retome el camino del diálogo político y social. Adherimos a lo manifestado por otras organizaciones (INECIP, CELS, ACIJ, ASOCIACION PENSAMIENTO PENAL, PODER CIUDADANO) y nos ponemos a disposición para sostener cualquier acción ciudadana para sostener la defensa de la ley, la Constitución y el estado de derecho.